EL CONFLICTO ENTRE LA AN Y EL TSJ,

El conflicto entre la AN y el TSJ, éste último apoyado (y en obsecuencia) por el ejecutivo y siguiendo las líneas del PSUV, nos remite a analizarlo en todas sus aristas. Para los legos como yo en el área constitucional, se nos hace muy difícil esta tarea; pero, debemos acometerla, para lo cual me valgo de lo aprendido en nuestra profesión militar desde muy jóvenes. Según el Reglamento De Castigos Disciplinarios No. 6, en su Artículo 15, éste nos obliga a tomar partido. Todo ello sin perjuicio de lo contemplado en los artículos 350 y 333 constitucionales. El artículo 15 del RCD No.6 en referencia, reza:

”Nadie estará obligado a hacer más de lo que se le ordene; pero en todos los accidentes y ocurrencias imprevistas, los militares deberán tomar el partido más conveniente a sus Banderas y elegir siempre, en caso de duda, al que sea más digno del honor militar y más favorable a las fuerzas nacionales”. 

Nota obligada del autor del presente escrito: Pareciera refreído a casos de guerra contra enemigo externo.

Yo agregaría, para ser consistente con la Carta Democrática de la OEA y el Estatuto de Roma y en lo atinente al caso de desorden constitucional e institucional interno, como en el que nos encontramos:

“Lo que sea y esté más acorde con la constitución y leyes de la república y goce no sólo de legalidad constitucional, sino de legitimidad”.

El conflicto nos hace recordar lo que sucediera en las últimas elecciones presidenciales 2013, donde le escamotearon el triunfo a HCR y éste pidiera revisión de las actas contra las papeletas y los cuadernos de votación,  ya que se habrían registrado más de 3.000 irregularidades muy graves (fui Coordinador de Centro de Votación y reporté las que sucedieron en mi centro, donde, por cierto, en las dos últimas elecciones ha ganado la oposición).

El candidato NM en un principio aceptó públicamente esta revisión o conciliación; pero, de su partido le habrían recomendado no concederla y eventualmente no se dio. De tal manera que, entre las causas probables para su ilegitimidad, entre las que se encuentran dudas muy razonables acerca de su partida de nacimiento, su candidatura irregular violentando la carta magna, y un 1,49% de diferencia pergeñado gracias a la labor obsecuente del CNE, se encuentra la insatisfacción del pedido de revisión.

Por tanto, escuchar que se pretende desconocer el triunfo de 3 diputados de Amazonas sobre la base de un dicho improbado como es el de una presunta compra de votos, proceso sustentado en una grabación de una conversación entre dos ciudadanos, obtenida de manera ilegal y sin demostración técnica perital, nos deja perplejos. Hay juristas que han opinado que no basta con que dos personas hablen de una cosa o de algo que presuntamente habría que hacerse u opinaban que debían hacer, para que eso constituya una prueba  de que efectivamente esa cosa ocurrió o lo hicieron. En todo caso, la responsabilidad es individual de quienes hubieren sido atrapados en ese delito, por el cual deben responder y, para ello, debe haber la acusación y declaraciones de los involucrados. No de quienes de manera parcialmente interesada, aviesa y manipuladora, dicen que oyeron, vieron, grabaron,  etc. Todo eso es circunstancial, de apoyo y complemento concurrente, mas no es definitivamente una prueba firme y no debería afectar toda la votación de todos en ese circuito. Si éste fuera el caso, que vuelvan a hacer las elecciones en el mismo, y no dudo que la oposición volvería a ganarlas.

En el caso que nos ocupa, la oposición obtuvo una estruendosa mayoría calificada de los dos tercios, con 112 diputados y sabemos que el oficialismo hizo de estas elecciones su ley motiv. NM ordenó públicamente que debían ganarlas a toda costa, su palabras exactas fueron: !!“Como sea”!! dejando un abanico de opciones, también afecta la legitimidad de la elección. Por tanto, la estrategia podría incluir el desconocimiento conveniente y la descalificación de algunos diputados opositores, para eliminar esta mayoría calificada obtenida. Para ello, sacrificaron un diputado de su propia bancada, para darle visos de legitimidad.

El 23 de diciembre 2015, entre gallos y medianoche la anterior AN había designado 13 magistrados al TSJ y la mesa quedaba servida para perfeccionar la estrategia general de desconocimiento.  

La oposición tiene sustentadas razones para rechazar esta sobrevenida designación, según se entiende hecha violando o atropellando los pasos, el baremo y  el reglamento del poder judicial al respecto, establecido para calificar la idoneidad de los magistrados; de tal manera que, si según el régimen la AN estaría en entredicho, más lo está el mismo TSJ. Este nihilismo es peligroso porque nos deja los caminos abiertos a la anarquía y a la violencia de los ciudadanos, desesperados ante tan difícil y compleja situación.

El resumen de eventos es que la Sala Electoral de este TSJ (a mi juicio ad hoc e ilegitimo) acepta de su compinche del ejecutivo la solicitud de impugnación de los tres diputados de la oposición por Amazonas y del bateador sacrificado del oficialismo. Luego la Sala Constitucional declara, con suficientes argumentos jurídicos, que la Sala Electoral no ha debió haber aceptado tal impugnación ni haber dictado la medida cautelar. El Pdte. de la AN incorpora los tres diputados de la oposición y los juramenta y ahora la Sala Plena del TSJ le ordena desincorporarlos.

Quién entiende esto? Quién tiene la razón?

En el ínterin de todo este aquelarre, el Pdte. de la AN ordenó retirar del Palacio Legislativo un cuadro del extinto “comandante supremo” y otro del libertador, éste último elaborado por encargo, con técnicas artísticas forenses, con base en el cráneo del prócer obtenido mediante una exhumación irrespetuosa como innecesaria de sus restos y  de su memoria inmortal como inmarcesible, exhumación efectuada con fines inconfesables. Esta desconocía el trabajo que había hecho el Dr. José María Vargas, como el del propio Prospero Reverend, de quien se arrojan sombras de dudas de que habría consentido un presunto envenenamiento del libertador, a cuya terrible deformación de la verdad histórica se arriba de manera interesada al interpretar un aporte médico que el Dr. Próspero Reverend le habría solicitado al médico de a bordo de una fragata de los EUA, que a la sazón estaba en Santa Marta, a quien le habría pedido opinión y quien valiéndose de las artes médicas y loe protocolos más actuales de la época, le habría recomendado utilizar el arsénico, por lo que éste le fue administrado al paciente.

Todo este malange que pudiera ser anecdótico, ha causado la furia y el dolor de hetaira ofendida de los revolucionarios de hoy, quienes alegan que se habría ofendido a la  patria, y se apoyan en que ellos privilegian ese cuadro con rasgos afro venezolanos del prócer, antes que la imagen “europeizada” o caucásica secular, como la del cuadro pintado por Gil de Castro, aprobada por el mismo libertador en vida como la que mejor le hacía justicia,  y como fuera reconocido por quienes vivieron junto a él su vida pasión y muerte.

Lo cierto es que este disgusto, ante una inexistente ofensa, por cuanto el Pdte. de la AN ordenó que sólo este cuadro de Gil de Castro fuera el que estuviera en los salones del Palacio Legislativo y no una serie de imágenes de dudoso valor artístico como de implicaciones religiosas, incluso del orden del fetiche y la superstición , los cuales sí que ofenden la memoria del héroe, es lo que gravita en la matriz de opinión nacional.

Esta diferencia entre el Pdte. de la AN y la aceptación que su accionar ha generado en la opinión pública del país e internacionalmente, sólo rechazada por los revolucionarios y, en el peor de los casos, vista con reservas por quienes opinan que, de fondo, su gesto estuvo bien; pero, que dado su reconocido carácter fuerte y la tensa situación nacional, él debería haberlo hecho con mayor tacto, es lo que está siendo esgrimido como excusa para que esos poderes esenciales de una república seria, que se dice ser una DEMOCRACIA SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA,  se vaya por el caño, y se amenace la estabilidad y la paz, la gobernabilidad y el sosiego, solamente para mantener un modelo castro comunista que ha causado una grave crisis de orden político, económico, social y MILITAR, y sobre todo moral en nuestra Venezuela.

Yo no me atrevo a dictar cátedra de jurista que no soy, ni creo necesario ahondar más en este resumen ya largo, solamente trato de cumplir con el artículo 15 del RCD No.6,  señalado supra, el cual me obliga a tomar partido y estoy, como todos los venezolanos,  muy indignado y confundido.

El Ministro de la Defensa para nada ayuda en esto, toda vez que él sale en defensa de la posición ideológica del ejecutivo y alega que la FANB es “Chavista” y asumo que él piensa que éste es el mejor partido que le conviene a la república. Pero, a mi juicio, es una fragrante violación a lo contemplado en el artículo 328 constitucional, el cual reza:

Artículo 328: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica”.

 Por tanto, como ciudadano y militar que sigo siendo,  exijo al TSJ y a la AN, como al MD, que den respuesta a mis inquietudes, que son las de cualquier venezolano de estas nefastas horas para la república.