LOS DERECHOS HUMANOS SON CONQUISTAS DE LA HUMANIDAD

Los tratados relativos a los DDHH no necesitan de CONVERTIBILIDAD, que es el proceso mediante el cual los otros tratados deben ser sometidos a los parlamentos, congresos o asambleas generales de los países, para su aprobación e incorporación como instrumentos jurídicos de sus legislaciones internas. Pasan automáticamente a la legislación interna de los países. En el caso de Venezuela, la propia constitución así lo establece.

De tal manera que, La Carta Democrática de la OEA, que es una evolución positiva del concepto de LEGITIMIDAD DE ORIGEN, requerida para los mandatarios de los países, quienes deben ser electos por votación popular, en comicios libres y transparentes, se transforma en LEGITIMIDAD DE EJERCICIO o de desempeño para, precisamente, ampliar la protección de los ciudadanos ante el poder del estado, este último representado por los gobernante electos, quienes en su desempeño olvidan los valores y principios democráticos y violan sus constituciones, abusan y cometen desmanes en contra del pueblo.

La OEA actúa para reforzar ese maravilloso tratado o acuerdo sobre derechos humanos, como es la Carta Democrática, no actúa como injerencia, capricho o puntadas de cualquier poderoso a título individual e, incluso, debe atenerse a lo que taxativamente contempla la carta acerca de cuáles son esas violaciones, no lo deja al albedrio de los representantes permanentes. Por tanto su actuación es resultado de su competencia, atribuciones y obligación derivada de la firma que los 34 países del continente americano hicieron para aprobar dicho instrumento.

Ningún país del Sistema Interamericano puede desacatar lo contenido en la Carta democrática, ni aun saliéndose de la OEA. Sería como argumentar que Cuba, por no estar en la OEA, está exenta de lo contemplado en la carta y, en consecuencia, está autorizada para violar los DDHH de sus ciudadanos. Por supuesto que para salirse de la OEA, el pueblo debe ser consultado. 

Constituye una soberana tontería, además de expresión más palmaria de ignorancia supina, la amenaza de la canciller, en nombre de Venezuela, de retirarse de la OEA para desconocer las decisiones emanadas de ese organismo internacional del cual nuestro país forma parte, además de un reconocimiento de que lo informado por el secretario general Almagro en sus dos informes presentados a la asamblea, es no sólo valido y cierto, sino que la situación ha empeorado, a un punto tal que el país en entredicho por la organización ha incrementado sus maltratos y violaciones al máximo de crueldad y que, apelando al expediente trillado de la injerencia imperial, desea escabullirse de sus responsabilidades, para salvarse de las inexorables consecuencias jurídicas que le esperan. Las responsabilidades por los crímenes contra los DDHH son imprescriptibles.

Olvida la canciller que Rómulo Betancourt fue el impulsor de la doctrina bautizada en su nombre, misma que establece el desconocimiento a gobiernos que arriben al poder por vías no democráticas o que sean dictadores o tiranos  y se desempeñen en clara violación de los valores y principios de la democracia representativa.

  

No es la Carta Democrática el único instrumento que ha evolucionado con respecto a los DDHH, El Estatuto de Roma es otro que pende como Espada de Damocles sobre la cabeza de los líderes del gobierno del régimen castro comunista venezolano. Este estatuto sale al paso a la antigua y desgastada excusa de la "! Obediencia Debida!",  esgrimida por los subalternos al cumplir órdenes violatorias de los DDHH emitidas por sus superiores.

Baste con recordar la Matanza de My Lai, que fuera una conocida masacre de civiles que perpetró una unidad militar del Ejército de los EUA durante la Guerra de Vietnam. El 16 de marzo de 1968,  las tropas de Estados Unidos lanzaron una operación en la región de Son My en la búsqueda de vietcongs. Al segundo teniente (equivalente a alférez) Williams Law Calley y su sección le fue asignada la zona My Lai 4. Al llegar a la zona de aterrizaje los helicópteros dejaron a los soldados y se desplazaron a la posición de espera. A lo largo de cuatro horas, Calley y sus hombres violaron a las mujeres y las niñas, mataron el ganado y prendieron fuego a las casas hasta dejar el poblado arrasado por completo. Para terminar, reunieron a los supervivientes en una acequia y los mataron.

Los pilotos y artilleros vieron cómo Calley disparó su arma contra los prisioneros y ordenó a sus hombres que hicieran lo mismo, hasta matar a todos los habitantes de la zona (es decir, ancianos, mujeres y niños). Por "defectos" en la investigación, no se sabe la cifra exacta de asesinados, pero se estima que debió estar entre 347 y 504. El militar estadounidense retirado Larry Colburn, quien a los 18 años de edad se enfrentó con sus compañeros de armas para intentar impedir la matanza, falleció el 17 de diciembre de 2016 a los 67 años de edad como consecuencia de un cáncer de hígado, según informó su esposa, Lisa, al diario estadounidense 'The New York Times'. Su acto de heroísmo fue recompensado con la Estrella de Bronce, un reconocimiento que paradójicamente se reserva a soldados que han demostrado su valor ante fuego enemigo.

El fútil argumento de defensa del teniente Williams Laws Calley fue que había cumplido la orden que le dieron, la cual podía resumirse en la frase de su superior al ordenarle que debía destruir “todo lo que vuele, camine o se arrastre”. ¡Que él había hecho exactamente eso.!

Calley fue acusado el 5 de setiembre de 1969, de seis cargos de asesinato premeditado, siendo hallado culpable. Richard Nixon le conmutó la sentencia 3 años más tarde.

Para el Estatuto de Roma, es tan responsable quien da la orden, como quien la ejecuta.  En tal sentido, el gobierno venezolano y sus  secuaces, cualquiera sea su cargo o posición si es civil, o cualquiera sea su grado, clase o empleo si es militar, dentro de esta oprobiosa suerte de cadena de depredadores de los DDHH de los venezolanos, deberían pasearse no sólo por lo establecido en la señalada Carta Democrática de la OEA, sino por el  Estatuto de Roma