¿Existe  empate en el Derecho?  (2)

Es público y notorio el enfrentamiento verbal entre el ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional y la fracción oficialista, el experimentado y avezado congresista presidente, HRA, ha esgrimido argumentos muy convincentes para señalar las continuadas violaciones de la constitución nacional a manos del  Presidente de la República, de la Presidente del CNE y del Presidente del TSJ , lo cual es una desgracia; porque, esta pugna de poderes crea una incertidumbre y una angustia terrible en la población. El  último poder de los nombrados, se ha encargado de torpedear las funciones de control de la AN, al punto de que el más reciente estadio del conflicto nos sume en una indefensión jurídica a todos los venezolanos a quienes se nos ha conculcado el derecho  a elegir si queremos que el gobierno siga o que sea revocado.

El TSJ y el CNE han ejercido una estrategia de tenaza para retardarlo, y últimamente lo han suspendido hasta nueva orden, y para ello se han valido de tribunales penales de estados regionales, sin competencia en la materia electoral, y subalternos dentro de la cadena del Poder Judicial y, de paso, ni siquiera han esperado los resultados de las investigaciones del ministerio público, el cual no ha actuado para analizar y presentar sus resultados de experticias que pudieran comprobar si efectivamente hubo delitos en la recolección de firmas para el 1%. No obstante, el oficialismo cantó fraude. De paso, pretenden anular efectos y derechos colectivos cuando las presuntas irregularidades son en el plano de los derechos individuales. Todo un pasticho jurídico de marca mayor. 

Los hechos son que la oposición recolectó unos 2 millones y medio, de firmas y como el CNE no intervino, tuvieron que presentárselas a su revisión. El CNE revisó y encontró que un millón y medio debían ser revalidadas, los ciudadanos fueron  a revalidar y a algunos no los dejaron hacerlo (incluyendo a HCR quien había firmado ante las cámaras de TV) ;  no obstante, 409.000 firmas quedaron aceptadas y sólo se requería de 190.000. De tal manera que, el CNE tuvo que proseguir y convocar la recolección del 20%. El oficialismo persiste en invocar fraude y demandar la anulación de esa recolección del 1%, cuando es un hecho cumplido y una cosa juzgada por el CNE que es la autoridad electoral.

El CNE decidió convocar para  la recolección del 20 % y estando en vías de hacerlo en fechas entre el 26, 27 y 28 de octubre, seis o siete tribunales subalternos dictaron sendas sentencias al unísono con una sincronía pasmosa y una redacción calcada, sentencias que fueron ejecutadas con carácter cautelar y el CNE suspendió el RR. Se da entonces el fenómeno de que ni el TSJ, ni la sala constitucional omiten su voz de arbitrio de la controversia; pero,  el CNE recoge la sentencia y la acepta y la hace nacional.  Antes, habían hecho una amañada interpretación del articulado constitucional correspondiente y decidió que la recolección del 20 % seria a nivel de los estados regionales y no en el territorio nacional. Es decir, si se fallase en recolectar el 20 % en uno solo de los estados, no se daría el referendo.

EL caso es que la AN se reúne y con sobrados argumentos demuestra la inconstitucionalidad de las medidas, pero, como el TSJ había decidido que la AN está en desacato, invalida todo cuanto ella decide. En la más reciente sesión los diputados llegaron a un acuerdo, el cual fue votado y resultara mayoritariamente aprobado. EL Ministro de la Defensa esgrime argumentos similares de defensa de la constitución, desconociendo lo acordado por la AN, argumentos con los cuales  trata de anular lo que decidió la AN.

El ciudadano común se encuentra confundido, y no es para menos y se hace la pregunta lógica, la cual le crea su duda razonable en el sistema en el cual tiene obligadamente que creer: ¿Es que existe empate en el derecho? ¿Cuál de las dos partes es la correcta?

En la comprensión popular se entiende que siempre  una de las partes debe tener la razón y la otra estar equivocada y eso no se puede quedar en insultos. En todo caso, como venezolano, me gustaría ver este tema solucionado por ante  los tribunales, de una vez por todas, y no  estar sometidos a una guerra mediática, que para nada resuelve estas inquietudes y dudas.

No debemos dejar de lado que se ha vuelto normal que el presidente y su gang ataque a quien él quiera, que se acuse de golpistas a personas, se ofenda y descalifique y se someta al escarnio público a cualquier ciudadano y  todo quede así. Recuerdo que en la cuarta república María Conchita Alonso demandó formalmente a Chony Fuentes por difamación e injuria y le ganó el pleito, y que  Chony tuvo que disculparse públicamente. ¿Es que la quinta es menos que la cuarta en éste y otros particulares?

Ante la noción popular de imposibilidad de que ambas partes de un conflicto resultaren “empatadas”  y ante el hecho evidente de que el juego esta trancado, resulta entonces necesario llevar esta querella el conocimiento del estamento de dialogo internacional, como es la OEA y solicitar que los países analicen el caso y tomen una decisión que arbitre en controversia. La actuación de este organismo no es una injerencia ni una intervención, invasión ni nada por el estilo, ni constituye traición de los ciudadanos venezolanos que pidan esta actuación del organismo para dirimir el conflicto, pues, para eso están.

Resulta evidente que cuando el tema es de algún interés en conflicto entre dos naciones, la OEA se ve más fácilmente adecuada al caso; pero, cuando  una de las partes es el presidente de un país y su sistema de gobierno y por la otra, la oposición política en representación del pueblo que votó por ella, los instrumentos no parecen ser fáciles de aplicar, toda vez que están concebidos para dirimir problemas entre dos naciones. De mas esta decir, que la opinión general es que este organismo internacional se ha transformado en un club de presidentes, quienes no se van a pisar la manguera entre bomberos, por aquello de una reacción en dominó, en otros países en similares circunstancias.