JUICIO DE RESPONSABILIDAD

El régimen nos ha mal acostumbrado a sus violaciones constitucionales, al punto de que ya los legos no sabemos qué ni cómo interpretar nuestra carta magna. Me produce mucha desazón pensar qué es lo que las universidades venezolanas enseñan en sus facultades de ciencias jurídicas, cuando los abogados del PSUV y los opositores tienen interpretaciones tan disimiles, como acomodaticias, de un mismo concepto o término. Qué decir del contencioso que presenciamos entre los magistrados exprés del TSJ y los diputados de la AN. Allí, los venezolanos quedamos reducidos a la triste como angustiosa condición de cucarachas en baile de gallinas.

Por otra parte, el PSUV y sus líderes consideran que su régimen castro comunista y el socialismo del siglo XXI están sustentados en nuestra  constitución cuando, a mi juicio, nada existe dentro de la misma que pudiera dar cabida a que tales conceptos están dentro de los contenidos filosóficos, políticos,  económicos y jurídicos taxativamente contemplados en su preámbulo y en su articulado; por lo que, no hay manera de aceptar, por ejemplo, la apretada manipulación de consciencia que utilizan cuando manosean aviesamente el artículo 222º constitucional, cuyo texto reza:

“Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”

Cuando en este artículo el constituyente hace mención a términos como “democrático y social”, éste último no se refiere a socialismo, cuya definición técnica está claramente establecida en el DRAE, como en las ciencias políticas y puede encontrarse en diccionarios especializados, como es el caso del de Cabanellas. El término social esta aplicado en su sentido lato o más simple, más bien semántico o perteneciente o relativo a la semántica (Disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas, como de sus combinaciones), y no en el sentido político de:

SOCIALISMO

Sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes.  

Cuando la AN atendiendo a lo contemplado taxativamente en el artículo 222º, anuncia que evaluará (mediante juicio de responsabilidad) al funcionario público nro. 1, como es el presidente de la república, el cual no está excluido de ser evaluado para determinar su responsabilidad política, evidente como estruendosamente incumplida, entonces se les crispa el entendimiento y se rasgan las vestiduras para denunciar que la AN viola la carta magna, la cual ellos han vendido violando impunemente, ab initio, desde el mismo juramento, invalido a mi juicio, formulado por el difunto en su asunción del cargo en 1999.

El artículo 222º ejusdem, reza:

La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

De la misma manera el artículo 223º reza:

“Artículo 223. La Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el Reglamento.

Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los particulares; quedando a salvo los derechos y garantías que esta Constitución consagra.

Como se desprende de estos señalados artículos, el presidente - en su carácter de funcionario público - no está excluido. Por otra parte, el término juicio, el cual – según el DRAE -  significa:

Juicio

Facultad del alma por la cual el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso.

Por la misma regla de tres y con base a lo definido, para declarar la responsabilidad política, la AN debe someter a su juicio, en sentido de evaluar que hizo bien y que hizo mal el presidente, lo que éste ha hecho o dejado de hacer , durante su gestión.

La constitución de 1961 tampoco contemplaba el impingment; no obstante, el presidente Carlos Andrés Pérez, en uso de sus atribuciones ayudó a Violeta Chamorro con cargo a dineros de la partida secreta, con un monto irrisorio entonces y mucho más ahora, de unos 17 millones de dólares, para que la democracia pudiera reinstaurarse en Nicaragua. Esto es, en continuidad de las acciones que Venezuela venia cumpliendo de apoyo a las luchas por deshacerse de la dictadura en ese país, representada en los revolucionarios o guerrilleros que tenían a esa sociedad acogotada. Rafael Caldera, mediante su canciller de carrera diplomática de verdad verdad, Arístides Calvani, venían cumpliendo un labor encomiable, la cual fue continuada por CAP, y hoy se les reconoce a unos y otros, copeyanos y adecos, por igual. Un gesto de continuidad de Venezuela.

CAP fue sometido a un juicio político en el Congreso y luego el Fiscal General Ramón Escobar Salòm se plegó al interés político dominante y lo acusó formalmente, CAP fue sentenciado a prisión por la CSJ, al encontrársele responsabilidad política y no una sentencia judicial común por peculado. Hasta hoy, se reconoce que fue un juicio político. Es decir, los parlamentos tienen una función de control que no se puede limitar o soslayar, mucho menos desconocer.  

En este gobierno, régimen dictatorial y tiránico, la única sindéresis válida es la de ellos. Las únicas licencias políticas y lingüísticas posibles son las que ellos elaboran y nos acuñan con sus fastidiosos clichés. Su palabra es santa palabra y quien disienta es juzgado, aun sin cumplir en estado de derecho.